martes, 24 de noviembre de 2009

Nuevos medios, otras voces


(Por Myriam Mohaded)

(Fragmento de un informe sobre la nueva ley de servicios audiovisuales)

Identidad local, pluralidad de voces, apertura a otra agenda y a nuevas audiencias históricamente vulneradas, auguran un cambio que profundiza la democratización de las comunicaciones. Los protagonistas del tercer sector, históricamente relegado y silenciado, comparten sus perspectivas y esperan una etapa de mayor trabajo y creatividad.

¿Es “libre expresión” que Moria Casan fija un orgasmo en cámara mientras se burla de Hebe de Bonafini? ¿Es “acceso a la información” la transmisión en vivo del suicidio del Malevo Ferreyra? ¿Es “dar visibilidad a las minorías” el bizarro salto a la fama de la travesti Zulma Lobato? ¿Policías en acción es “inclusión de nuevos actores sociales” en la pantalla chica? ¿La troupe de enanos (Grosos y Trozos) de Marcelo Tinelli es un digno ejemplo de la “incorporación de los diferentes”?
Son algunos flashes de lo que se suele llamar “televisión basura”, que contrastan brutalmente con las banderas que se agitan por estos días como valores a defender frente a la “amenaza” de un nuevo marco regulador en el escenario de las comunicaciones.
En realidad, la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) abre un escenario impensado que puede dar verdadera cuenta de la pluralidad de voces, la libre circulación de las ideas y el derecho a la identidad de una región.
Aguas revueltas se viven estos días en relación a la posible sanción de la norma. La derogación de la Ley 22.285 de Radiodifusión, firmada por el dictador Jorge Rafael Videla en el año 1980, es una deuda pendiente de los 26 años de democracia. El proyecto que hoy se discute se basa en los 21 puntos que elaboraron durante esos años cientos de organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, universitarias, y sindicales, y presentaron en el año 2004 con la denominación colectiva de Coalición por una Radiodifusión Democrática (www.coalicion.org.ar).
Además, toma como fuentes a las legislaciones de países como Estados Unidos y Francia y al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica el derecho a recibir, investigar y difundir informaciones y opiniones. El espíritu filosófico que diferencia a la ley vigente del proyecto en debate es que la comunicación no será sinónimo de mercancía, sino un derecho humano esencial.
La nueva norma trae cambios significativos, que implicarán la apertura de voces y desconcentración empresarial. El espacio radioeléctrico es un bien que estará administrado por el Estado. En este sentido, uno de los aspectos significativos del proyecto de ley es que el espectro radiofónico se dividirá en tres parcelas: un 33 por ciento se reserva para el Estado, donde los municipios, universidades y ministerios podrán tener sus licencias; otro igual porcentaje para las organizaciones sin fines de lucro, y el tercio restante para empresas de capital privado. Las nuevas medidas promoverían la apertura de la oferta de señales públicas y gratuitas, con contenidos que no tengan carácter comercial, en contrapartida con la ley vigente que sólo permite que las empresas de radio y televisión puedan explotarse con fines comerciales.
Asimismo, se establecen cuotas de programación propia, local e independiente. Las radios tendrán un 60 por ciento de contenidos de producción nacional y la televisión un 70. El panorama cambiará más aún si se considera que en Argentina sólo ocho ciudades tienen más de una opción de televisión por aire.
El cine tendrá su cuota de pantalla y habrá un consejo asesor sobre aspectos audiovisuales y temas vinculados a la infancia, para fomentar los contenidos educativos. Acaso quede atrás el tiempo donde la participación de la sociedad se acota a los minutos de fama de Bailando por un Sueño, los juegos de Susana Giménez o los treinta segundos que tiene el ciudadano para dejar su opinión antes que el mensaje se corte.
Se presume un tiempo de contenidos, estéticas y lenguajes que se diversificarán atendiendo a los intereses y formas culturales de cada región. “La ley garantizará nuevos medios, aunque es cierto que éstos tampoco aseguran otra agenda, puesto que depende de la organización de la sociedad para alternativizarla y gestionar otros medios”, nos dice Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación.
En Córdoba, como en el país, el sector privado concentra hoy la mayor parte de los medios masivos de comunicación. El Estado, de manera minoritaria, posee algunas voces y, en cierta forma, se conoce su posición. Mientras que el gran silenciado e invisibilizado hasta ahora es el tercer sector, justamente quienes podrían acceder a una parcela del 33 por ciento del espectro radiofónico. Son ellos quienes dialogaron con MIX sobre una etapa que auguran de más trabajo y creatividad.

(...)

(Versión completa en revista MIX - Hecho en Córdoba)

1 comentario:

Jorge dijo...

Bien por la ley, BIEN POR LA NOTA Y MUY BIEN POR LA AUTORA.
Adelante que vienen tiempos de cambio.